Perú busca la sostenibilidad minera en un contexto de transición energética

«Perú es un país rico en recursos minerales, con un potencial geológico importante para convertirse en un actor clave para el suministro de minerales críticos necesarios para la transición energética verde», dice Verónica Morelli, abogada peruana especializada en derecho y política socioambiental.

Morelli participó en la edición 2022 del curso avanzado “Natural Resource Governance and Energy Transition: Policies and Practice” (Gobernanza de los recursos naturales y transición energética: políticas y prácticas), organizado por NRGI y NADEL Center for Development and Cooperation en ETH Zurich. Este año, el curso congregó a 31 participantes (14 mujeres, 17 hombres) de 17 países para discutir y aprender sobre los temas más urgentes relacionados con la gobernanza de los recursos naturales, con énfasis en transición energética y su impacto en el sector.

Semanas después del curso, hablamos con Morelli sobre el impacto que tendrá en el Perú la demanda por minerales para la transición. Ella señaló que se prevé que la demanda por minerales críticos se incremente en las próximas décadas, y que el Perú debe aprovechar su posición en este contexto.

Según el Ministerio de Energía y Minas, actualmente, Perú posee una cartera de 63 proyectos de exploración distribuidos en 16 regiones, por un valor de USD 586 millones. Además, 43 proyectos por un valor de USD 53.2 millones están en construcción en 17 regiones. «Por un lado, el Gobierno peruano debe proporcionar condiciones claras y adecuadas para el desarrollo de esta cartera», explica Morelli. «Por otro, las empresas deben competir en el mercado global, por lo que deben prestar atención a los factores críticos actuales del sector minero, como la mejora de las relaciones con las comunidades, los esfuerzos para la sostenibilidad social y ambiental, y la inversión en innovación y tecnología para usar energías más limpias en sus operaciones».

Morelli empezó su carrera en el sector privado. Ella trabajó como abogada en el lanzamiento de Perú LNG, la primera planta de licuefacción de gas natural en América del Sur. Con una inversión total de USD 3.8 mil millones, Perú LNG representó en su momento la mayor inversión realizada en el Perú en un solo proyecto. Este fue un momento invaluable para su proceso de aprendizaje ya que participó en las evaluaciones de impacto social y ambiental de la construcción y explotación, monitoreó los desafíos normativos y prestó asistencia jurídica.

Después, Morelli pasó al sector público, trabajó en las actividades de supervisión de hidrocarburos en OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, donde supervisó a más de 40 empresas del sector petrolero y gasífero en Perú, y fue la responsable de supervisar el control medioambiental y de garantizar el adecuado equilibrio entre la inversión privada y la protección del medio ambiente. Desde su incorporación al OEFA, ha asesorado a clientes y proyectos nacionales e internacionales, incluyendo Sustainable Development Strategies Group (SDSG).

Con el curso avanzado como plataforma para discutir los retos actuales del Perú, Morelli señaló que «en los últimos años, el sector minero formal en Perú se ha tomado muy en serio el tema de la sostenibilidad, no solo como requisito para seguir siendo competitivo y cumplir con las normas actuales, sino también como una herramienta importante para hacer frente al cambio climático», pues un número cada vez mayor de empresas trabaja actualmente en cuestiones económicas, ambientales, sociales y de gobernanza relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Perú tiene compromisos ambiciosos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y de descarbonización para 2050. Un factor clave para lograr esta meta es el impulso del uso de energía renovable. En la actualidad, sin embargo, solo el 5 % del total de la demanda de energía es renovable en Perú.

«A fin de incrementar esto al 20 % para 2030, el Gobierno debe actuar de manera consistente con sus compromisos y construir un plan con acciones específicas y cambios en la regulación. Mientras, la industria minera tiene el potencial de crecer en línea con esta tendencia, por lo que es importante que la industria enfoque sus esfuerzos en dos áreas: reducir el consumo de agua y usar fuentes de energía más limpias».

El contacto con participantes de distintos países y trayectorias durante el curso avanzado brindó a Morelli la oportunidad de aprender hasta qué punto la gestión de los ingresos procedentes de los recursos naturales depende del contexto y las circunstancias de cada país. En el caso de Perú, el país ha conseguido gestionar sus recursos naturales pese a las constantes crisis políticas. Morelli explica que «esto se debe principalmente a que la minería es un pilar fundamental de la economía peruana por su contribución a las finanzas públicas. Sin embargo, los recientes conflictos sociales han llevado al sector minero a un cese temporal de operaciones mineras, lo que supone varios retos para la industria. En este contexto, el Estado ha sido incapaz de garantizar la integridad de la propiedad privada y la seguridad de las comunidades y los mineros, creando inestabilidad y riesgos para la continuidad de las actividades mineras».

l reflexionar sobre cómo el curso avanzado se conecta con la realidad que enfrente el Perú, Morelli tuvo la oportunidad de debatir sobre los retos que enfrenta el país como resultado de la crisis política y la necesidad de que el Gobierno peruano dé cambios adecuados en las políticas para que la industria minera pueda continuar con su desarrollo para el beneficio de los peruanos.

Finalmente, Morelli señaló que el Perú debe avanzar en la transición energética de forma justa y equitativa. A medida que se acerca la próxima ronda de negociaciones climáticas, señala que los minerales necesarios para dejar atrás los combustibles fósiles deben ser extraídos sin afectar al medioambiente ni a las comunidades locales. «La COP27 es una oportunidad para los países del ‘Triángulo del Litio’ —Argentina, Bolivia y Chile— que poseen el 35 % de las reservas mundiales de litio, jueguen un rol importante en esta discusión».